continuación de juicio de amparo

Juárez, de hacer un análisis de esta constitucionalidad en Estados Unidos de América.3
El Señor Ramírez confiesa que vacilaba antes de hablar, porque no hallaba por donde empezar con sus objeciones, pero cree haber encontrado ya la embocadura del negocio, y se propone demostrar que el sistema de la comisión es verdaderamente absurdo.
Lo que en realidad se quiere es que en lo de adelante los tribunales tengan la facultad de derogar parcialmente las leyes y de revocar las órdenes de las demás autoridades. Las quejas deben dirigirse siempre contra el ejecutor de las leyes o contra el funcionario que falte a sus deberes, y éste es el camino para hacer efectiva la responsabilidad. Pero en el sistema inventado por la Comisión, las quejas han de ser contra las leyes, para obtener su derogación a favor de individuo determinado, resultado de aquí que el poder que derogue las leyes no es el que las hace, lo cual es contrario a todo principio de jurisprudencia. Los fallos de los tribunales van a ser excepciones de ley, estas excepciones sólo debe concederlas el mismo legislador. Los tribunales, pues, a título de juzgar, van a ser legisladores superiores a los estados y a los poderes federales.
Cuando el juez pueda dispensar la aplicación de una ley, acaba la majestad de las leyes y las que se den después, carecerán de todo prestigio, lo cual de ninguna manera puede ser conveniente.
Casi todas las leyes contienen restricciones o taxativas que disminuyen un tanto las garantías individuales. Pocas leyes habrá, que el interés particular no denuncie como atentatorias ante los jueces, y así el Poder Legislativo se nulifica y se establece un absurdo en jurisprudencia.El señor Moreno dice que, si bien no pueden negarse algunos abusos del Poder Judicial, es sabido que el hecho no constituye el derecho y que el recuerdo de los abusos no ha de hacer que se abandonen las disposiciones más bien calculadas. Se ha dicho que los tribunales van a ser un poder conservador, y, como tal los admite, porque no van a legislar sino a salvar la Constitución y las garantías individuales. Es indudable que los